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Bien común, estado, derecho y derechos humanos

Escrito por Dr. Raúl J. González Schmal

Publicado: 31 de marzo de 2019

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I. Bien común

Mi propósito es formular algunas consideraciones sobre el BIEN COMÚN, en sus relaciones con la POLÍTICA, el Estado, el DERECHO y los DERECHOS HUMANOS, en seguimiento de esa línea de pensamiento, que persigue redescubrir la realidad y el concepto de bien común en la reflexión política y jurídica.

Conviene, empero, apuntalar algunas premisas generales que sirvan de sustento a nuestro objetivo, empezando por descartar la noción individualista del bien común, que es explicado como el resultado del bien de todas las personas individuales, esto es, como la suma del bien de todos. Según esto, entre el bien común y el bien particular no existiría diferencia esencial alguna, sino tan sólo una diferencia numérica. A esta ideología se adhiere el liberalismo expuesto por BENTHAM:, quien postulaba “el mayor bien posible para el mayor número posible de individuos”.

Al respecto es necesario tener presente que el bien común no es determinado por la libre voluntad de este o aquel miembro, sino que representa un valor de conjunto, que informa a la sociedad como totalidad; sociedad que en la rigurosa definición de GABLENZ , es “la unión intencional, estable y estructurada, de seres humanos que buscan activa y conscientemente la consecución de un fin común” , fin que no es otro que el bien de la comunidad, el bien común.

Así, el bien común -como lo señala RODOLFO L. VIGO- es un cierto orden dinámico, en el cual cada persona tiene la posibilidad de lograr sus fines personales y participar en el esfuerzo y los resultados de la cooperación social. El bien común remite a bienes participables e indivisibles tales como la seguridad jurídica, la educación, el servicio de justicia , el medio ambiente, la salud, etc.

En el mismo orden de ideas, la Gaudium et spes (n. 74 y 78) explica que “La autoridad pública […] debe procurar el bien común concebido de manera dinámica […] por lo que toca a sus exigencias concretas, está sometido a los cambios incesantes del tiempo”

Aun cuando es axiomático que sin el bien común no es posible el pleno desarrollo del bien personal, también lo es que el bien común se sitúa siempre por encima del bien del individuo. Como señala SANTO TOMÁS: Lo que pertenece a una persona es poca cosa en comparación a lo que conviene a las cosas comunes y el bien común es mejor y más divino que el bien de uno” (Suma Teológica II-II, p. 26)

Supuesto lo anterior y, ya en un intento de descripción conceptual, el principio del bien común se sustenta en que toda sociedad existe para crear, mantener y promover un conjunto de condiciones sociales de todo tipo que permitan y favorezcan el desarrollo de los miembros de la sociedad. Por ello, el bien común tiene que ser logrado con el esfuerzo de todos y para servir y ayudar a todos. Como lo advierte SAN AGUSTÍN: “cuánto más os preocupéis del bien común y no de vuestros propios intereses, tanto más llegareis que sois vosotros mismos los que progresais”.

Atinadamente EFRAÍN GONZÁLEZ MORFÍN, dice que ayuda a aclarar la noción de bien común como principio y exigencia fundamental de la filosofía social si se considera, por contraste, el mal común. Si se cambia por la contraria la definición del bien común, resulta que el mal común es el conjunto de condiciones sociales de todo tipo que dificultan e imposibilitan el desarrollo de los miembros de la sociedad. Toda vida social combina en distinta proporción el bien y el mal común y destaca la obligación de promover el bien común como razón de ser de la vida social. Sin bien común no puede existir la sociedad.

En el mismo orden de ideas, FREDOLIN UTZ enseña que “el bien común es el conjunto de todos los supuestos previos (condiciones previas) y organizaciones (instituciones de índole pública o común que se necesitan para que los individuos puedan cumplir, como miembros de la sociedad, su misión terrenal, y para alcanzar felizmente, mediante su actuación propia, su bienestar en este mundo”.

Pero el concepto del bien común -puntualiza el mismo autor- “no se agota en esas condiciones externas, ni tampoco en las condiciones externas económicas. El bien común es más profundo. Ni siquiera el bien económico, el llamado bienestar, puede consistir en la adquisición más abundante posible de bienes de utilidad material” . Cabe añadir que los bienes comunes no se reparten, sino que fundamentalmente se comparten.

Ahora bien, hay que precisar, por otra parte, que el bien que es perseguido por cada una de las sociedades humanas, desde la más pequeña hasta la más grande, desde la más simple hasta la más complicada: es el bien que, por trascender el que es propio de cada individuo, es llamado común. Cada sociedad específica tiene su propio bien común: la familia, la ciudad, la comunidad religiosa, la empresa, el sindicato, la universidad, una asociación de zapateros, etc. Cada una de estas agrupaciones busca realizar su propio bien común, pero es un bien común parcial y relativo a cada una de ellas.

II. Política y estado

Sin embargo, sólo existe una sociedad tiene por misión – ineludible e intransferible- de realizar el bien común integral: el Estado. El bien que busca el Estado es, superior a todos esos bienes y los engloba y abarca a todos. Es un bien que -en el plano de la vida humana temporal- es universal y compresivo. Es el bien público temporal. “Toda asociación -decía ARISTÓTELES- no se forma sino en vista de un bien. Y el Estado es, evidentemente, una asociación, que tiene como fin el bien de la comunidad” . Naturalmente este bien común no lo puede alcanzar el Estado, sino es mediante la colaboración de la sociedad; a éste le corresponde la función de coordinar todas las actividades de la personas y grupos sociales tendentes a la obtención de ese fin superior.

El mismo ESTAGIRITA, como bien se sabe, definía al hombre como un animal político (Zoon Politikon), que por su propia naturaleza debe vivir en sociedad, en la polis. El individuo que pudiera vivir fuera de la polis sería o un ángel o una bestia, pero no un hombre.

Estamos ya aquí en el anchuroso y complejo campo de la POLÍTICA, pues la política en su acepción general significa todo lo que se refiere al Estado. Pero, ciertamente no basta con afirmar que es político todo cuanto afecta al Estado, se requiere explicar – así sea de manera esquemática- qué es la política y qué es el Estado.

Como enseña HÉCTOR GONZÁLEZ URIBE, hay dos aspectos esenciales de la política: “una política teórica, que se encamina a obtener un conocimiento explicativo del Estado, en todos sus aspectos, y una política práctica, que se refiere a la actividad humana que busca y trata de organizar el bien común de la sociedad”.

“A la primera -dice el referido autor- se le denomina también Ciencia Política, en sentido amplio, porque su finalidad es precisamente, hacer labor científica en relación con los fenómenos políticos, tratando de describirlos, interpretarlos y valorarlos en forma de obtener conceptos y juicios de validez universal” . Algunos le llaman politología.

La política práctica, en cambio, no trata de llegar a ninguna conclusión abstracta y general, en el orden del conocimiento. “Es una actividad humana – dice el autor citado-- que busca una finalidad eminentemente práctica: el buen gobierno de los hombres”. Y añade: “Es el arte político, que puede ser realizado por los gobernantes o por los gobernados en su respectiva esfera de acción”. Podríamos agregar que la política se degrada y se desnaturaliza, si se le disocia de la moral y de la ética.

Por lo que toca a su objeto, la actividad política se caracteriza por buscar un bien supremo en el orden temporal, que es, tratándose de la sociedad, el bien común; Puede resumirse el objeto de la actividad política diciéndose que consiste en la organización del bien común

Y es que la dimensión política está estrechamente unida con la naturaleza humana. Se debe insistir entonces que, por ser una criatura social y política por naturaleza, la vida social y política no es, pues, para el hombre sobrecarga accidental, sino una dimensión esencial e ineludible. En una expresión lapidaria, PERICLES Decía que: A quien no le interesen las cosas de la ciudad debe salir de ella.

GIOVANNI SARTORI recuerda que en Grecia “el hombre ‘no político’, era un ser defectuoso, un idion, un ser carente (el significado de nuestro término ‘idiota’), cuya insuficiencia consistía precisamente en haber perdido, en no haber adquirido, la dimensión y la plenitud de la simbiosis con la propia polis. Brevemente, un hombre ‘no político’ era simplemente un ser inferior”. No en vano el Papa FRANCISCO considera que la política es la más noble de las actividades que puede realizar el hombre, porque está orientada al bien común. Es, cabe añadir, la dimensión social de la caridad.

Por último, debe hacerse hincapié, que aun el bien común atiende a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad política, debe prestar una particular atención a las personas y sectores que, por el motivo que fuera se encuentren en una situación especial de debilidad, desprotección o atraso. El logro de condiciones mínimas de bienestar y cultura por parte de cada uno de los ciudadanos es un contenido prioritario para que se dé el bien común político.

Por cuanto al Estado, siguiendo a GONZÁLEZ URIBE, se le puede definir conceptualmente como “una sociedad humana, establecida permanentemente en un territorio, regida por un poder supremo, bajo un orden jurídico, que tiende a la realización de los valores individuales y sociales de la persona humana, que constituyen el bien común” . Por ello, el Estado es la suprema comunidad política de los hombres.

Sin embargo, debe tenerse presente que, como señala MARITAIN, “el hombre que forma parte del Estado, trasciende el Estado por el misterio inviolable de su libertad espiritual y por su vocación de bienes absolutos” . Es evidente, como lo afirma RATZINGEr, que el Estado no puede dar respuesta por sí solo al problema de la existencia humana ”.

Así como el sábado se hizo para servir al hombre, también el Estado se creó para servir al hombre. Los totalitarismos de Estado despersonalizan al hombre, lo cosifican y lo ponen a su servicio. Mussolini en su paroxismo proclamaba: “Nada fuera del Estado, nada contra el Estado, nada por encima del Estado”; no otra cosa exigían con distintos matices y circunstancias las demás ideologías transpersonalistas como las del nacionalsocialismo y el comunismo soviético. La nación, la raza, la clase, eran endiosadas para enajenar a los pueblos y someterlos al Estado omnipotente. De esa manera, el Estado, que en su recta concepción es un instrumento insubstituible para la realización del bien común, en sus formas patológicas se transforma en su contrario, en Leviathan, en un monstruo que tritura la dignidad del hombre. “Ciudadano alemán -decía la propaganda nazi- tú no eres nada, el pueblo lo es todo”

Expuesto lo anterior, debemos traer ahora a colación el principio de SOLIDARIDAD.

Como ya se señaló arriba, el bien común, que es la finalidad y la razón de ser del Estado, no puede llevarse a cabo sino con la colaboración de los ciudadanos. Gobernantes y gobernados son corresponsables del bien común.

 

Esta corresponsabilidad, se sustenta en el principio de la solidaridad, sin el cual el bien común es irrealizable. La solidaridad es uno de los hechos mejor establecidos por la ciencia y por la historia, basado en la INTERDEPENDENCIA de los hombres.

 

De la pertenencia a la sociedad resulta para nosotros una obligación moral ineludible de solidaridad. Pero la idea de solidaridad no sólo proviene de las implicaciones de hecho, sino más bien de una idea moral que nos obliga a un trato justo y amoroso con el prójimo en nuestra vida de relación. A ello deberá forzar eventualmente el Estado.

 

Nuestra naturaleza social nos llama a vivir en sociedad, por lo que todas las vivencias no están nunca totalmente desconectadas de todo influjo comunitario. PASCAL decía que “el más pequeño movimiento influye en la naturaleza; una sola piedra hace que se hinche el mar”. Esto se puede trasladar al comportamiento de las personas en sociedad, en el sentido de que todas nuestras acciones tienen -o pueden tener- consecuencias para otras personas. Por ello, la solidaridad implica a un tiempo corresponsabilidad y responsabilidad personal.

 

El profesor FREDOLIN UTZ, anteriormente citado, propone un ejemplo para ilustrar el principio de solidaridad, que me permito sintetizar: Tres remeros en situación crítica luchan con las olas, cada uno desea salvar la propia vida (determinación ético individual). No se puede tratar pues, todavía de un bien común. La actuación ético social no aparece hasta que se presenta la nueva determinación final de buscar la propia salvación, única y exclusivamente, en el supuesto previo de la salvación de todos El bien común como fin, la solidaridad como medio para alcanzarlo

 

III. Derecho y derechos humanos

Del concepto del Estado que se configuró arriba, podemos desprender diversos elementos que están indisolublemente vinculados al bien común, y sin los cuales éste no podría lograrse.

Uno de esos elementos es el ORDEN JURÍDICO que establece y preserva la autoridad pública. Sin el derecho no puede haber sociedad y, por ende, bien común. Ubi societas ibi ius -donde está la sociedad está el derecho-. Como decía el gran jurista italiano PIERO CALAMANDREI, el derecho es como el oxígeno que no se ve o como la salud que no se siente, pero cuando nos falta uno u otra entonces aquilatamos su enorme valor

MIGUEL VILLORO TORANZO, acuñó una magistral definición del derecho, de la que sólo extraigo el núcleo de ella, y la cual considera que el derecho tiene como cometido fundamental el constituir “soluciones justas” a los problemas surgidos de la realidad histórica . Es decir, la justicia, lo justo, como valor predominante del derecho.

En línea de coincidencia substancial, para EFRAÍN GONZÁLEZ MORFÍN, Derecho significa, ante todo, lo justo objetivo, es decir la conducta y la cosa que se debe a otro. O, en la definición clásica: la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo suyo. Y lo suyo de cada quien es, en primerísimo lugar, el respeto a su dignidad de persona humana y, consecuentemente, de los derechos esenciales que de ella emanan, y a los cuales -sobre todo a partir de la Declaración Universal de la ONU de 1948 que los proclama- se les conoce como DERECHOS HUMANOS, que inexcusablemente el Estado debe reconocer y garantizar plenamente. Derechos humanos que, por otro lado, cada vez más se les considera como la parte substancial del bien común. JOHN FINNIS señala que “derechos humanos” es un modismo contemporáneo para “derechos naturales”, por lo que él los usa en su obra como sinónimos.

El paradigma de Estado que coloca en el centro a la persona humana y sus derechos fundamentales que son consubstanciales a su propia naturaleza, y que, por tanto, actúa para conseguir el bien común en su forma más amplia e integral, es el Estado constitucional democrático de derecho, que se cristaliza en el Estado garantista, uno de cuyos más importantes propulsores es LUIGI FERRAJOLI. En las últimas décadas en que se desarrolla dicha corriente doctrinal, produce un cambio en la concepción del Estado de Derecho y en la manera de interpretación de la Constitución, en la que se le da mayor relevancia a los principios y valores que esta entraña que a la simple legalidad, como lo concibe el positivismo. Uno de los más relevantes principios hermenéuticos es el de pro persona, que consiste en que todas las normas deben de interpretarse y aplicarse de la manera que resulten más favorable a la persona.

Ahora bien, el garantismo no significa que los derechos humanos, en cuanto se ejercitan en sociedad, sean de carácter absoluto salvo la dignidad humana que es un valor indisponible, todos los derechos y las libertades fundamentales tienen ciertos límites establecidos por la ley, que deben ser mínimos, pero al fin límites. “La libertad absoluta es un sinsentido”, dice KARL POPPER . Y añade: “Necesitamos una sociedad en la cual la libertad de cada persona sea compatible con la libertad de las otras personas”. Y con buen humor ejemplifica: “La libertad de mis puños está limitada por leyes que hacen que golpearlo a usted en la nariz sea ilegal” .

Aun el DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA -que es alfa y omega de los derechos humanos- y que el Estado debe garantizar en su esfera más amplia y pluridimensional, tiene límites en su ejercicio, por ejemplo, si un ciudadano que rindiera culto a Huitzilopochtli pretendiera ofrecerle el sacrificio de un ser humano, le estaría prohibido por evidentes razones que no viene al caso explicitar aquí.

Cabe recordar que las limitaciones a los derechos y libertades fundamentales, deben estar establecidos con precisión en el propio texto de la Constitución, y de ninguna manera dejarse al arbitrio de la autoridad. El principio inspirador es: toda la libertad que sea posible y sólo la mínima restricción que sea indispensable.

El Estado debe no sólo abstenerse de vulnerar los derechos humanos, sino garantizar plenamente que ningún grupo o individuo los viole. En ejercicio del jus puniendi el Estado tiene la potestad -por supuesto acotada por el orden constitucional- de sancionar a quienes transgredan los límites impuestos por dicho orden en el ejercicio de sus derechos, con el consiguiente perjuicio de quienes también pretenden ejercer sus propios derechos y libertades. En otras palabras, debe impedirse el abuso del derecho. Al respecto el ya citado KARL POPPER señala que: “Necesitamos la libertad para impedir que el Estado abuse de su poder, y necesitamos al Estado para impedir el abuso de la libertad” . Y concluye diciendo: “no debemos permitir que nuestro amor por la libertad nos enceguezca con respecto a los problemas de su abuso” . Por ello no se debe caer en las actitudes extremas de la estatolatría ni en la estatofobia . El Estado no es un mal necesario, sino un bien indispensable para la construcción del bien común.

Y aquí es donde se presenta el complejo problema para la autoridad, de decidir cuándo debe usar el poder físico del que está dotada para evitar el abuso de las libertades públicas, por ejemplo, las libertades de asociación, reunión y manifestación, que eventualmente puede devenir en actos delictivos. No hay duda de que la autoridad tiene la ineludible responsabilidad constitucional de impedir o reprimir los excesos, transgresiones y abusos de quienes ejercen sus libertades fuera de los límites impuestos por la normatividad de la materia, pues de otra manera dejaría de garantizar a otros ciudadanos el ejercicio legítimo de derechos fundamentales.

Está claro que la autoridad debe actuar siempre con la mayor prudencia y conocimiento de causa, y agotar previamente el diálogo y la persuasión, pero cuando todo esto resulta ineficaz, debe entonces utilizar la fuerza material, de manera legal, razonable y proporcionada, de tal forma que se restablezcan las condiciones objetivas para que los ciudadanos afectados -y virtualmente todos los ciudadanos que lo deseen- ejerzan plenamente sus derechos y libertades. No es POTESTATIVO para la autoridad dejar de usar la fuerza pública, cuando se ejercen derechos y libertades fuera de los límites determinados por la ley y con motivo de ello se violan derechos de terceros, se trastoca el orden púbico o se altera la paz social. La abdicación de esa obligación constitucional hace incurrir a la autoridad en grave responsabilidad jurídica y política.

La fuerza es ciertamente la última ratio de la autoridad, pero es inexcusable no usarla cuando se trata de hacer prevalecer la ley contra quienes la violentan. El orden jurídico es un elemento consubstancial al bien común en todo Estado de derecho. Y el orden público, a su vez -tan desfigurado en las dictaduras- es un elemento del orden jurídico, sin el cual no puede subsistir un sistema democrático. El poder sin el derecho es la barbarie y el derecho sin el poder es la impotencia. Es muy conocida la expresión de MAX WEBER en el sentido de que el Estado ejerce el monopolio de la violencia física legítima. Sin embargo, debe hacerse hincapié, en que la esencia del derecho no es la coactividad, la posibilidad legalmente autorizada de exigir, mediante coacción y fuerza física, el cumplimiento de la obligación cuando ésta no se cumple por la buena. Es una nota indispensable del derecho, pero no de su esencia. El principio ético y jurídico es que el derecho debe observarse voluntariamente.

Otro dato fundamental, que siempre debe tenerse en cuenta en orden al bien común, es que la justicia es la responsabilidad primera del Estado. Y lo primero que se le debe al hombre en el orden de la justicia es su LIBERTAD (física, moral, espiritual, sicológica) que posibilita su capacidad de autodeterminación.

Pero a fuerza de no caer en la entelequia de la libertad abstracta, se debe señalar que el ejercicio de la libertad requiere un mínimo de condiciones materiales. Siguiendo a EFRAÍN GONZÁLEZ MORFÍN, podemos señalar que el ejercicio concreto de la libertad en las situaciones de la vida real cambia radicalmente de acuerdo con las diversas situaciones económicas. La libertad como capacidad de autodeterminación de la voluntad humana espiritual no es eficaz en el mundo concreto de la existencia humana, si no dispone de los recursos económicos necesarios para realizar las decisiones libres en los múltiples condicionamientos materiales y corporales de la vida humana. La unión substancial del cuerpo material orgánico y el alma espiritual exige un ordenamiento jurídico dotado de realismo y de justicia para la libertad profunda del ser humano se pueda ejercer con eficacia en el ámbito del trabajo y de la actividad económica.

Por último, debe destacarse de manera muy relevante que en la reflexión iusfilosófica hay un amplio consenso en considerar que en el mundo moderno los DERECHOS HUMANOS constituyen el contenido fundamental del bien común.

Como se sabe, los derechos humanos expresan las exigencias fundamentales del hombre en la sociedad terrestre. Por el hecho de ser persona humana, cada hombre es titular de derechos humanos, es decir, de derechos naturales, anteriores a cualquier intervención del Estado, y que deben ser reconocidos por éste.

Ya JUAN XXIII en la Pacem in Terris (11/IV/1963, n.273), afirmaba que: “En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa en los derechos y deberes de la persona humana”. Y el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (n. 388), asienta que en “los derechos humanos están contenidas las principales exigencias morales y jurídicas que deben presidir la construcción de la comunidad política”.

JACQUES MARITAIN, por su parte, sostenía que “bajo pena de desnaturalizarse, el bien común implica y exige el reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona” Y esto es así, porque de acuerdo con su naturaleza y su dignidad, la persona humana debe vivir en el mundo de la moral y del derecho, no en el nivel infrahumano de los hechos consumados sin conciencia ni libertad, sin reconocimiento de los fines y los medios en la vida personal y social.

Bajo el subtítulo de “La promoción del bien común”, la Constitución Gauidum et spes, (6/XII/ 1965, n.26), prosiguió la misma enseñanza: “De la interdependencia cada vez más estrecha y extendida paulatinamente a todo el mundo, se sigue que el bien común -esto es, el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección- se hace hoy cada vez más universal y por ello implica derechos y deberes que se refieren a todo el género humano”, y añade que “por la excelsa dignidad que pertenece a la persona humana, sus derechos y deberes son UNIVERSALES e INVIOLABLES y corresponden al BIEN COMÚN DE LA HUMANIDAD”

Es necesario tener presente que la preocupación y el esfuerzo por la protección de los derechos humanos individuales debe corresponder a un esfuerzo semejante para garantizar los derechos sociales, culturales y solidarios, especialmente de los más pobres y vulnerables

A manera de CONCLUSIÓN, consideramos que no debe olvidarse que para posibilitar una auténtica realidad operante del bien común y de los derechos humanos que lo integran, debe tenerse presente “el imperativo de escuchar -como lo dice el papa FRANCISCO en la Evangelli Gaudium- el clamor de los pobres que se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno”. Y tiene razón Francisco, pues si los pobres, los descartados, los desechados, no son receptores del bien común ni son sujetos de los más elementales derechos humanos, entonces todo esto no sería sino flatus vocis, mera retórica insustancial. Urge entonces que los derechos humanos y el bien común que los contiene, se materialicen en acciones concretas de justicia para todos aquellos que no pueden conducir una existencia a la altura de su dignidad humana.